15 de junio de 2015

Barrio Mitre contra la violencia institucional

Zona peligrosa. Atención, está entrando en zona peligrosa”, brama en español y remarcando las zetas el GPS de cualquier auto que transite por el oeste de Parque Saavedra. Fuera del GPS, la “zona peligrosa” ya sin zetas es el Barrio Presidente Mitre, enclave de seis manzanas, construido como solución de emergencia para aquellos que habían perdido sus hogares en el gran incendio que hubo en 1957 sobre la calle Melián.

Hoy, en el barrio hay unas cinco mil personas distribuidas en 324 casas de uno y dos pisos, construidas con créditos del Banco Hipotecario. Sobre los márgenes del Mitre hay además algunos ranchos de chapa y madera.
La puesta en valor de la zona durante la gestión macrista –léase la construcción del shopping DOT, entre otros edificios “de categoría”– acentuó las diferencias entre el afuera y el adentro, donde desde hace más de cincuenta años no se hacen obras de infraestructura. A la nueva presión hidráulica sobre el barrio se le sumaron las fuertes tormentas que en abril 2013 inundaron la zona. El agua llegó hasta el metro y medio, y causó la muerte de una vecina. Hasta hace poco, además, al barrio no entraba el correo ni la recolección de residuos. Aún hoy, cuando llaman a una ambulancia, llega primero un patrullero.

En algún momento, vecinos de Saavedra propusieron levantar un muro para aislar definitivamente la zona. La idea no prosperó, a pesar de coincidir con la opinión de algunos sectores de poder, como la del fiscal del juicio por el asesinato de Alan Tapia, Eduardo Marazzi, que pidió reducir la pena para el agente que mató a Alan porque, dijo, “Barrio Mitre no son las Seychelles”.

Es cierto, Barrio Mitre poco se parece a las islas. Sobre todo porque desde el asesinato de Gonzalo Crespo en manos de un policía de la Federal en marzo de 2014, el barrio está militarizado.

Militancia y organización. Esta porción de territorio fue sometida durante años a todo tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad con la venia del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli. A las decenas de casos de hostigamiento y apremios ilegales, se le sumaron dos muertes por gatillo fácil; la de Gonzalo (2014) y la de Alan (2012), fusilado por Rodrigo Valente, ex agente del grupo GEOF. Las cámaras que el Gobierno de la Ciudad dispuso en el barrio para prevenir situaciones de robo no guardan registros de esos días.

A partir de estos casos intervino el Ministerio de Seguridad de la Nación; envió personal de Gendarmería, únicos uniformados autorizados dentro del Mitre. A la par, la Campaña contra la Violencia Institucional articuló políticas en el barrio, en conjunto con la Escuela, el Centro Cultural, las organizaciones sociales y el CePLA, dispositivo del Sedronar para la prevención de adicciones. A este despliegue territorial de la política contra la violencia institucional se le sumó la inauguración de una de las cinco sedes porteñas de Atajos, programa de descentralización de acceso a la Justicia, cuyo titular es el fiscal Julián Axat.

En esa misma línea, bajo la consigna “Sacate la gorra, ponete la visera”, el último sábado de mayo se realizó en la plaza del barrio un festival contra la violencia institucional, organizado por Campaña en Ciudad, en el que se lanzó la Escuela Popular de Derechos (ES.PO.DER). La jornada convocó a la comunidad en una experiencia colectiva donde se escucharon todas las voces: legisladores porteños y nacionales, jóvenes de distintos barrios de la Ciudad, docentes, madres de víctimas de gatillo fácil y referentes comunitarios como Facundo Acosta, un pibe del barrio que dejó de tirar piedras para dar paso a la política y armar un proyecto de vida diferente: “La militancia y la organización nos hicieron entender que tenemos que responder con más política. Eso es lo que le tenemos que meter en la cabeza a todos los pibes y pibas de nuestros barrios”.

“Esto demuestra lo que logra la organización popular”, dice Gladys González, madre de Lucas, un joven brutalmente golpeado por la policía en 2012. Es esta organización popular la que logró que la fiscal interina, Cristina Caamaño, accediera al pedido para que Gendarmería no hiciera ostentación de armas en la plaza, custodiada por los murales de los chicos muertos en manos de la policía. Y es esta organización la que, amparada en una política nacional, regula las tensiones entre los uniformados y los pibes del barrio.

“La muerte de mi hijo fue un disparador para conocer nuestros derechos y paráramos los abusos –asegura Claudia Riveros, mamá de Alan Tapia–. Yo a veces me pregunto, si en este barrio no viven narcotraficantes ni terroristas, ¿por qué somos nosotros los que estamos vigilados? ¿Quiénes son los peligrosos?”.

Ni un paso atrás. Mario Carbón, taxista vecino del barrio, que en 2012 recibió un disparo de la policía que le perforó un pulmón, dice que “el kirchnerismo funcionó como un espacio desde donde el barrio podía denunciar”. ¿Qué pasará si en las elecciones de octubre gana Macri? “Volvemos para atrás, o peor, porque este gobierno fue como un dique de contención en un río; si lo sacan, el agua acumulada atrás va a venir con más fuerza”, especula Mario.
En todo caso, en el Mitre coinciden en afirmar que durante estos años se tejió una matriz de organización hacia el interior del barrio que difícilmente pueda ser barrida sin dar pelea, y que incluso ha servido de plataforma para discutir otros problemas, como las obras de desagüe pendientes que el gobierno porteño, que autorizó y no fiscalizó una obra privada como la del DOT, se niega a ejecutar.
Así, con más avances que retrocesos, Barrio Mitre sigue siendo evidencia clara de las profundas desigualdades que subsisten en la Ciudad de Buenos Aires y de las prioridades de gestión de un Gobierno que, de no mediar sorpresas, renovaría mandato en el distrito por otros cuatro años más.

Por Luciana Sousa para Miradas al Sur: http://bit.ly/1TnIelU

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